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El Desarrollo Sostenible en el Marco de una Política Federal de Crecimiento con Equidad 

El Federalismo Ambiental debe ser entendido como un sistema en el que se articulan conjuntamente las provincias y el Gobierno Nacional. El Consejo Federal de Medio Ambiente es el ámbito institucional de encuentro federal, a los fines de abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente en la totalidad del territorio nacional.

Muchas cosas cambiaron en la conciencia popular tras la implosión del país en el año 2001. Ya no se pudo desconocer que, como consecuencia del modelo vigente, se comenzaba a manifestar la intrínseca contradicción entre producción y ambiente sin sostenibilidad de dicho modelo. Debido al surgimiento del cambio en la iniciativa social, se activaron demandas de derechos a la participación ciudadana, como así también reclamos sobre las eventuales afectaciones al patrimonio de los ciudadanos y de su calidad de vida, derivados de dicho modelo.                   

En el año 2002, con la crisis de por medio, se sanciona la Ley General del Ambiente, en la que el COFEMA es puesto de relieve en su función coordinadora del consenso federal. Luego aparecen otras normas que confirman a la cuestión ambiental como un tema que cobraría protagonismo en el siglo XXI.

Al inicio de la gestión de la actual administración nacional, seguía vigente la agenda ambiental definida a principios de los noventa. Hoy es posible plantear la implementación de un modelo diferente de gestión ambiental porque están presentes hechos ciertos y básicos en el país: un marco político que replantea el rol del estado y que recupera la gobernabilidad; la reconstrucción institucional, la reconstitución de la legitimidad política y la recuperación económica.

Luego de iniciado aquél proceso de cambio en la iniciativa social y a días de haberse consumado el encuentro de Gualeguaychú, cabe preguntarse qué cosas se han modificado tan claramente como para posibilitar esta demostración de consenso. Un rápido repaso al cambio de las circunstancias y al posicionamiento de los actores, lleva a identificar que este nuevo cuadro de situación es multicausal y reconoce varias motivaciones, absolutamente interrelacionadas:

  • la extensión y consolidación del ciclo económico positivo,
  • la implementación de políticas de cancelación de deudas con organismos internacionales de crédito,
  • la superación de los condicionantes sociales (desnutrición, pobreza, desocupación) que dejaban en un segundo plano a la agenda ambiental,
  • la demanda social por reivindicaciones ‘de naturaleza ambiental’ que se encontraban claramente postergadas,
  • el hito “Gualeguaychú”, que resume factores vinculados al potencial impacto ambiental y la competencia de usos del territorio, y otros más complejos que emanan del colectivo social y resumen un recelo residual sobre las decisiones y el obrar político, el poder de control del estado, y los reales beneficios devenidos de mega-proyectos,
  • la reivindicación, como país soberano, de la deuda ambiental que los países más desarrollados tienen para con los países subdesarrollados.

Una propuesta de gestión

En el centro de la discusión de los planteos ambientales está nuestro pueblo. Los objetivos de la gestión deben estar al servicio de los hombres y las mujeres que constituimos nuestra Nación y para ello debemos dilucidar qué herramientas usaremos.
Es preciso entender que el desarrollo sostenible debe basarse en un replanteo claro de los elementos y la secuencia que integrarán los procesos de toma de decisiones vinculados a proyectos productivos y de infraestructura, a los que deben ser incorporadas indefectiblemente las dimensiones territorial y ambiental.

En este sentido es relevante enfatizar la relación entre economía y ambiente, ya sea definiendo como objetivo estratégico de las políticas de desarrollo nacional la inclusión de la dimensión ambiental en la toma de decisiones económicas y, al mismo tiempo, introduciendo herramientas económicas de promoción del desarrollo sostenible.

Los hechos relatados demuestran que estamos ante una oportunidad para que la implementación del desarrollo sostenible encuentre condiciones donde confluyan voluntad política, demandas sociales y necesidades del mercado. A ese fin, consideramos que nos cabe la responsabilidad de hacer operativos los principios y mandatos emanados de la Declaración de Gualeguaychú del 5 de mayo de 2006, en función de:

  • (Punto 2°) “Alcanzar el desarrollo sostenible constituye en la República Argentina una política de Estado”.
  • (Punto 3°) “Las Provincias y La Nación trabajarán mancomunadamente para asegurar la plena operatividad de este propósito, a través de políticas integrales que incorporen adecuadamente las dimensiones ambientales, sociales y económicas”. 
  • (Punto 4°) “La agenda ambiental estará incorporada en las políticas sectoriales de todos los niveles de gobierno”. 
  • (Punto 5°) “Impulsar en conjunto el desarrollo y consolidación de los principios e instrumentos para la administración del desarrollo sostenible que establece la Ley General del Ambiente”. Unos de estos instrumentos es el Consejo Federal de Medio Ambiente. 
  • (Punto 6°) “Fortalecer la institucionalidad ambiental federal”. La manifestación explicita de esa institucionalidad es, otra vez, el COFEMA, donde están representadas las 24 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. 
  • (Punto 7°) “Optimizar el uso de instrumentos tales como: el ordenamiento del territorio, la evaluación de impacto ambiental, los sistemas de control y monitoreo, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental, la participación ciudadana y el régimen económico de promoción del desarrollo sostenible”.

Para lograrlo es imprescindible:

  • Fortalecer la institucionalidad ambiental mediante la integración con aquellos organismos que tienen relación con la regulación de los componentes ambientales.
  • Garantizar la participación ciudadana en forma orgánica, ordenada, eficaz y transparente.
  • Habilitar un proceso de apertura institucional del COFEMA a los distintos sectores de la actividad productiva nacional, destinado a constituir foros de tratamiento conjunto de políticas, normativas y gestión del ambiente, asociados a esas actividades. 
  • Hacer efectiva la competencia en materia ambiental por parte de los estados provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también de los municipios y comunas que los conforman. 
  • Dar un nuevo significado a la relación Nación / Provincias, consolidando al COFEMA, no sólo como centro de coordinación y concertación, como lo estipula la Ley General del Ambiente, sino además definiendo las prioridades comunes de acción en materia ambiental en base a acuerdos mínimos, el consenso de políticas, metas y resultados esperados, así como también la asignación de los recursos correspondientes.

Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero, 30 de Junio de 2006.